El caso del huachicol fiscal y las campañas políticas se convirtió este 1 de julio de 2026 en el nuevo punto de tensión entre México y Estados Unidos, luego de que el Departamento del Tesoro estadounidense afirmara que las ganancias del robo de combustible vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se destinan a financiar campañas electorales en el país. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó de manera tajante ese señalamiento y exigió a Washington que presente las pruebas que lo sustenten.
La controversia surge un día después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Tesoro, sancionara el 30 de junio a dos personas físicas y a un conjunto de empresas presuntamente ligadas a una red de contrabando de hidrocarburos. En su comunicado, Estados Unidos sostuvo que los cárteles mexicanos usan el dinero ilícito de la venta de combustible en el mercado negro para hacer pagos en efectivo a campañas y a medios, con el fin de favorecer a candidatos dispuestos a colaborar con el crimen organizado.
La afirmación escaló el debate porque, por primera vez, una agencia estadounidense conecta de forma explícita el huachicol fiscal con el financiamiento de la política mexicana, en plena revisión del T-MEC y bajo la presión de la administración de Donald Trump sobre los cárteles.
Qué acusó el Departamento del Tesoro
De acuerdo con la OFAC, la red sancionada operaba con empresas fachada de transporte, logística y comercialización de combustibles para mover producto de forma ilegal entre Estados Unidos y México. El Tesoro identificó como figuras centrales a Oscar Guillermo Juraidini Silva, descrito como el operador financiero que creaba compañías fantasma y falsificaba documentos aduanales, y a J. Refugio Ruiz Villagómez, señalado por introducir combustible de contrabando sin permisos y presuntamente pagar sobornos a grupos que controlan los cruces fronterizos.
Entre las empresas alcanzadas por las sanciones figuran Jomadi Logistics & Cargo, Ahavat Logistics Solution, Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, y las firmas de fletes Ogui y OF Transportes, además de una compañía registrada en el extranjero. Según el Tesoro, algunas de ellas realizaron transacciones por decenas de millones de dólares con terceros relacionados con el CJNG. Puedes consultar el detalle en la cobertura de El Universal.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló en redes sociales que estas acciones muestran el alcance con el que los cárteles mexicanos expanden sus operaciones más allá del narcotráfico. Sin embargo, el propio comunicado no vincula a los sancionados con un partido, campaña o funcionario en específico: presenta el uso de recursos ilícitos en la política como un modus operandi general del crimen organizado.
La respuesta de Sheinbaum: «¿Qué pruebas tienen?»
En su conferencia matutina, Sheinbaum centró su reproche en dos puntos. El primero, la ausencia de evidencia sobre el presunto financiamiento electoral. «¿Qué pruebas tienen?», cuestionó la mandataria, quien subrayó que sobre ese tema en particular «de eso nunca fuimos informados». El segundo, la falta de comunicación previa: acusó que Estados Unidos difundió el comunicado sin cerrar antes un canal conjunto de trabajo con las autoridades mexicanas. El reclamo fue documentado por Proceso.
La presidenta recordó que las personas mencionadas ya eran investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana, por lo que planteó que Washington se adelantó al hacer públicas las acusaciones. También trazó un paralelismo con procesos de extradición y colaboración, en los que —dijo— Estados Unidos exige pruebas a México, mientras que en este caso solo recibió «dos páginas sin pruebas» cuando pidió elementos para acompañar una acción previa contra instituciones financieras.
Sheinbaum defendió la estrategia de su gobierno contra el huachicol fiscal y citó como resultado el aumento en las ventas de combustible de Pemex, el congelamiento de cuentas y diversas carpetas de investigación abiertas. Su mensaje buscó separar el combate al contrabando —que su administración reivindica— del señalamiento sobre campañas, que calificó de infundado mientras no exista sustento documental.
Por qué importa: soberanía, elecciones y relación con Washington
El episodio toca tres nervios sensibles de la política mexicana. El primero es la soberanía: la 4T insiste en que la cooperación de seguridad con Estados Unidos debe darse «sin subordinación», y las acusaciones sin pruebas alimentan el argumento oficial de injerencia. El segundo es electoral: al mencionar el financiamiento de campañas cuando arranca la antesala de los comicios de 2027, el señalamiento siembra dudas sobre el sistema político, sin distinguir entre partidos.
El tercero es la relación bilateral. La disputa ocurre en plena revisión del T-MEC y en un momento en que el gobierno de Trump ha designado a varios cárteles como organizaciones terroristas y ha intensificado la presión sobre las finanzas del crimen organizado. Para México, el reto es sostener la colaboración en materia de seguridad y comercio sin ceder terreno en el discurso de autonomía.
- Soberanía: el gobierno rechaza acusaciones sin evidencia y reclama comunicación bidireccional.
- Elecciones 2027: el señalamiento sobre campañas antecede al arranque del proceso electoral.
- T-MEC y seguridad: la tensión se cruza con la revisión comercial y la presión de Washington sobre los cárteles.
El trasfondo del huachicol fiscal
El huachicol fiscal se distingue del clásico robo de ductos porque opera a través del sistema aduanero: se importa combustible declarándolo como otro producto o subvaluándolo para evadir impuestos, lo que genera pérdidas millonarias al erario. Se ha vuelto una fuente de ingresos clave para redes criminales, lo que explica por qué las sanciones apuntan a empresas de logística y transporte más que a operadores armados.
Qué sigue en el proceso
La pelota queda del lado de Estados Unidos. Sheinbaum condicionó cualquier avance a que el Tesoro entregue las pruebas sobre el financiamiento de campañas; de lo contrario, el gobierno mexicano mantendrá su rechazo. En paralelo, la UIF y la Fiscalía General de la República podrían profundizar sus investigaciones sobre las personas y empresas señaladas, un terreno donde México sí reconoce indicios previos.
En lo diplomático, el caso se sumará a la agenda de seguridad bilateral y a las conversaciones sobre el T-MEC. La forma en que se resuelva —con intercambio de información o con nuevas fricciones públicas— marcará el tono de la relación entre Sheinbaum y la Casa Blanca en la segunda mitad de 2026.
Preguntas frecuentes
¿Qué acusó Estados Unidos sobre el huachicol y las campañas?
El Departamento del Tesoro afirmó, al sancionar a una red ligada al CJNG el 30 de junio de 2026, que los cárteles usan ganancias del huachicol fiscal para pagar en efectivo a campañas políticas y medios en México. No vinculó a ningún partido o candidato específico, sino que lo describió como un patrón general del crimen organizado.
¿Cómo respondió Claudia Sheinbaum?
La presidenta rechazó la acusación y exigió pruebas. Señaló que su gobierno nunca fue informado del presunto financiamiento a campañas y reprochó a Washington haber difundido el comunicado sin coordinarse antes con México, pese a que las personas mencionadas ya eran investigadas por la UIF.
¿Qué es el huachicol fiscal?
Es la evasión de impuestos mediante la importación irregular de combustibles: se introduce gasolina o diésel declarándolo como otro producto o subvaluándolo para no pagar los aranceles e impuestos correspondientes, lo que ocasiona pérdidas al erario y se ha convertido en un negocio para redes criminales.
Conclusión
El choque por el huachicol fiscal y su presunto uso en campañas coloca a la relación México-Estados Unidos ante una prueba de confianza. Sheinbaum apostó por exigir pruebas y reivindicar la soberanía, mientras el Tesoro sostiene su versión sin señalar responsables concretos. La resolución dependerá de si Washington comparte evidencia y de si ambos gobiernos logran encauzar el diferendo por la vía de la cooperación, en un año marcado por la revisión del T-MEC y por la antesala de las elecciones de 2027.
