Estados Unidos lanza una ofensiva para desmantelar la Corte Penal Internacional: qué significa para México

El gobierno de Estados Unidos anunció una campaña abierta para desmantelar a la Corte Penal Internacional, el único tribunal permanente del mundo facultado para juzgar genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En un comunicado difundido el lunes, el Departamento de Estado prometió una «respuesta de todo el gobierno» destinada a «inhabilitar sistemáticamente» la capacidad del tribunal de La Haya para operar, según el texto oficial y los reportes de la cadena Al Jazeera y de la cadena CNN.

El anuncio fue acompañado por un mensaje en video del secretario de Estado, Marco Rubio, y por un artículo de opinión publicado en el diario The Wall Street Journal. «La CPI y sus amigos están librando una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles, sino con estatutos», afirmó Rubio, de acuerdo con la transcripción citada por Al Jazeera. El funcionario añadió una advertencia directa: «Si creen que pueden privarnos de nuestra soberanía, les enseñaremos el pleno significado de la determinación estadounidense».

Es la primera vez que una potencia declara de manera explícita su intención de inutilizar a un tribunal internacional creado por tratado. Para México —que forma parte del Estatuto de Roma junto con otros 124 países, según la Asamblea de Estados Partes— la ofensiva no es un pleito ajeno: toca el andamiaje jurídico al que el país se adhirió y que sirve de última instancia cuando los sistemas de justicia nacionales no pueden o no quieren actuar.

Qué anunció Washington contra la Corte Penal Internacional

El Departamento de Estado no presentó una lista cerrada de medidas, sino un abanico de acciones «bajo consideración» que, de acuerdo con Al Jazeera y Euronews, incluye:

Más sanciones económicas contra funcionarios de la corte y organizaciones afiliadas.
Prohibiciones de viaje y revocación de visas para personal del tribunal.
Cortar el financiamiento que sostiene a la institución.
Presionar a otros países para que se retiren del Estatuto de Roma.
Mayor escrutinio sobre las naciones que reciben asistencia estadounidense y se nieguen a rechazar la autoridad de la corte.

Washington también hizo un llamado a sus socios militares y de seguridad para que desconozcan expresamente la jurisdicción del tribunal sobre militares y funcionarios estadounidenses. Ese punto es el que convierte el asunto en un problema diplomático para decenas de gobiernos aliados: se les pide elegir entre el tratado que firmaron y la relación con Estados Unidos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, desde donde se anunció la campaña contra el tribunal. · Foto: U.S. Department of State (Public domain), vía Wikimedia Commons

Las sanciones que ya estaban en marcha

La ofensiva no arranca de cero. Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma, el tratado que creó a la Corte Penal Internacional y que entró en vigor en 2002. Durante su primer mandato, en 2020, Donald Trump ya había sancionado a funcionarios del tribunal por la investigación sobre Afganistán; el gobierno de Joe Biden retiró después esas medidas.

En la actual administración, las sanciones se reactivaron y se ampliaron. Según Al Jazeera, alcanzan al fiscal jefe Karim Khan —quien además enfrenta una suspensión por acusaciones de mala conducta— y a varios jueces de la corte. Posteriormente se sumaron a la lista la relatora especial de la ONU sobre derechos humanos, Francesca Albanese, y tres organizaciones palestinas de derechos humanos, acusadas por Washington de apoyar las investigaciones del tribunal.

El trasfondo es conocido: las pesquisas de la corte que involucran a Israel, principal aliado de Estados Unidos en Medio Oriente. Conviene precisar un dato que se pierde en el ruido: como recordó Euronews, la CPI solo tiene jurisdicción sobre crímenes cometidos en el territorio de los Estados que forman parte del Estatuto de Roma, y no ha abierto ninguna investigación contra ciudadanos estadounidenses en el marco de este conflicto.

Sede de la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos · Foto: Ank Kumar (CC BY-SA 4.0), vía Wikimedia Commons

Europa responde: «simplemente inaceptable»

La reacción más fuerte llegó de Bruselas. «Los ataques o amenazas contra los funcionarios electos de la corte, su personal o quienes cooperan con ella son simplemente inaceptables», declaró el vocero de la Comisión Europea, Anouar El Anouni, citado por Euronews. La Unión Europea reiteró su compromiso con la justicia penal internacional y con el combate a la impunidad.

Desde la sociedad civil, el exdirector de Human Rights Watch, Kenneth Roth, sostuvo que la campaña equivale a habilitar «crímenes de guerra con impunidad». El director de Incidencia de la organización DAWN, Raed Jarrar, lo resumió así: «Cuando el país más poderoso del mundo busca desmantelar el único tribunal internacional permanente del mundo, envía el mensaje de que los poderosos están por encima de la ley».

Hasta el cierre de esta edición, la corte —presidida por la jueza japonesa Tomoko Akane— no había emitido una respuesta formal al plan anunciado por Rubio.

Por qué le importa a México

México es Estado parte del Estatuto de Roma y, por lo tanto, uno de los 125 países que sostienen económica y políticamente al tribunal. La Constitución mexicana establece que el Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, una fórmula que el país incorporó precisamente para blindar su soberanía sin renunciar al tratado.

Si Washington cumple su amenaza de condicionar la asistencia y presionar a los gobiernos que no desconozcan al tribunal, México quedaría en el mismo dilema que el resto de América Latina: la región concentra a varios de los Estados parte más antiguos del sistema, entre ellos Argentina, Colombia, Chile y Brasil. Una Corte Penal Internacional debilitada también afecta a víctimas de este continente, que han recurrido a La Haya cuando sus tribunales nacionales se paralizan.

El pulso apenas comienza. Lo que está en juego no es solo el destino de un edificio en los Países Bajos, sino si sigue existiendo un lugar en el mundo donde un jefe de Estado pueda ser juzgado.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la Corte Penal Internacional y dónde está?

Es el único tribunal permanente del mundo facultado para juzgar genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Tiene su sede en La Haya, Países Bajos, y entró en vigor en 2002 con el Estatuto de Roma.

¿Por qué Estados Unidos quiere desmantelar la Corte Penal Internacional?

El Departamento de Estado alega que el tribunal representa una amenaza a la soberanía estadounidense y a sus militares y funcionarios. El secretario Marco Rubio anunció el lunes una 'respuesta de todo el gobierno' para 'inhabilitar sistemáticamente' a la corte, con sanciones, prohibiciones de viaje y presión para que otros países se retiren del tratado.

¿México pertenece a la Corte Penal Internacional?

Sí. México es uno de los 125 Estados parte del Estatuto de Roma, según la Asamblea de Estados Partes. La Constitución mexicana señala que el Ejecutivo federal podrá reconocer la jurisdicción de la corte con la aprobación del Senado en cada caso.