El Congreso del Estado de México tiene programada para este lunes una sesión del Séptimo Periodo Extraordinario en la que votará en el pleno el dictamen que armoniza la Constitución local con la reforma judicial federal. De aprobarse, la elección de jueces y magistrados mexiquenses por voto popular quedaría fijada para el 1 de junio de 2028 y no en 2027, como estaba previsto originalmente.
El dictamen ya fue avalado por mayoría en comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, según reportaron Infobae y El Heraldo de México. La iniciativa fue presentada por el diputado Francisco Vázquez Rodríguez, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la legislatura mexiquense, y modifica alrededor de diez artículos de la Constitución estatal.
Qué está en juego: más de 400 jueces y 30 magistrados
De acuerdo con la información difundida por el propio Congreso local y recogida por medios nacionales, en junio de 2028 la ciudadanía mexiquense elegiría de forma directa a más de 400 jueces y a 30 magistrados del Poder Judicial del Estado de México (PJEM). Esa bolsa de cargos representa cerca de 83 por ciento de las posiciones jurisdiccionales que aún faltan por renovarse mediante este mecanismo en la entidad.
El proyecto contempla además que los juzgadores cuyo encargo concluía en 2027 permanezcan en funciones hasta la elección de 2028, y que quienes resulten electos rindan protesta el 5 de septiembre de ese año. También crea una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los tres poderes locales —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— con la tarea de homologar criterios y dar seguimiento al proceso de selección de aspirantes, quienes deberán acreditar conocimientos, capacidad y experiencia.
Otro cambio operativo relevante: las convocatorias se adelantarían al 30 de abril del año previo a la elección, con el argumento de ampliar los plazos de evaluación y organización.
Una votación dividida
El respaldo no es unánime. En la fase de comisiones, Morena y sus aliados votaron a favor del dictamen, mientras que PRI, PAN y Movimiento Ciudadano se pronunciaron en contra del nuevo modelo, de acuerdo con los reportes periodísticos disponibles.
La oposición mexiquense ya había expresado reservas cuando el Congreso local ratificó, el pasado 29 de mayo, las minutas federales en la materia. En aquella sesión, la reforma judicial pasó con 56 votos a favor de Morena, PT y PVEM contra 19 de PRI, PAN, MC y PRD. Legisladoras de oposición calificaron el proceso como un ejercicio de «ensayo y error» y advirtieron sobre márgenes de discrecionalidad en las nuevas reglas.
Conviene precisar que la votación de este lunes no repite aquella ratificación: se trata de un paso distinto y posterior, el de ajustar la Constitución mexiquense al nuevo marco federal. Y no concluye ahí. Si el pleno aprueba el dictamen, la reforma todavía requiere la ratificación de la mayoría de los ayuntamientos del estado antes de publicarse en la Gaceta del Gobierno.
El origen federal del cambio
La reforma que se armoniza en Toluca nació en el Congreso de la Unión. El Senado aprobó a finales de mayo la enmienda constitucional que recorre la jornada judicial al primer domingo de junio de 2028, y la envió a los congresos estatales. La Comisión Permanente emitió la declaratoria de constitucionalidad a inicios de junio, luego de que la minuta acumuló el aval de alrededor de 22 legislaturas locales.
Entre los ajustes federales figura la reducción de nueve a ocho años en la duración del encargo de los magistrados y jueces que sean electos en 2028, de modo que concluirían funciones en 2036. Un dato de contexto explica buena parte del movimiento de calendario: la fecha originalmente prevista, en 2027, coincidía con la jornada en la que se renovarán las 500 diputaciones federales y los ejecutivos de 17 estados.
El cuello de botella está en los estados
El caso mexiquense ilustra dónde se juega realmente la implementación de la reforma judicial: no en San Lázaro ni en el Senado, sino en las 32 legislaturas locales, que concentran el grueso de los cargos a elegir.
Y ahí el antecedente reciente no es alentador. Una reforma constitucional aprobada en el mismo paquete —la que incorpora la intervención o injerencia extranjera como causal de nulidad electoral— fijó a los estados un plazo que venció a principios de junio para incorporarla a sus legislaciones. Según un recuento de Excélsior, solo cinco congresos cumplieron en tiempo: Ciudad de México, Quintana Roo, Colima, Oaxaca y Veracruz. Los 27 restantes se quedaron fuera del plazo.
Ese contraste da dimensión a lo que ocurre hoy en Toluca. El Estado de México es la entidad más poblada del país y su Poder Judicial es el mayor de los locales; lo que apruebe —o no— su Congreso funciona como referencia para el resto de las legislaturas que aún deben ajustar sus reglas.
Para el electorado mexiquense, el efecto práctico es doble. Por un lado, un año más de espera para votar por jueces y magistrados locales. Por otro, la certeza de que esa elección quedará separada de los comicios federales de 2027, lo que reduce la competencia por la atención del votante pero también, advierten los críticos, el arrastre de participación que suele acompañar a una jornada concurrente.
En la misma sesión extraordinaria de este lunes, la legislatura mexiquense tiene agendado un segundo asunto: la solicitud de donación de un inmueble en Chimalhuacán a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Fuentes
- En comisiones, Congreso del Edomex aprueba elección por voto popular de jueces y magistrados — Infobae
- Pasa dictamen que actualiza reglas de elección judicial en Edomex y se votará en pleno el 13 de julio — El Heraldo de México
- Senado turna a congresos estatales reforma judicial; aplaza elección judicial a 2028 — El Universal
Créditos de imagen: HernanLuna (CC BY-SA 3.0); Michael D Beckwith (CC0); Halowand (CC BY-SA 4.0). Vía Wikimedia Commons.
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